Inmigrantes se quedan en EEUU a pesar de duras leyes La falta de oportunidades en sus países de origen es una de las principales causas de no retorno

NUEVA YORK.- Estrictas leyes migratorias impuestas en varios estados no han forzado la partida al extranjero de inmigrantes sin autorización para residir en Estados Unidos, según un estudio presentado este miércoles. Decenas de hispanos han escogido trasladarse a otras ciudades, condados o estados debido a la aprobación de leyes migratorias que les perjudican, pero no han hecho las maletas y regresado a Latinoamérica, dijo Leah Muse-Orlinoff, estudiante de doctorado en sociología en la Universidad de California en San Diego y ex coordinadora de investigación del Programa de Migración Mexicana de la institución. 

La falta de oportunidades en sus países de origen, los lazos que atan a muchos a sus lugares de establecimiento y los altos costes de un viaje de regreso a Estados Unidos son las principales razones por las cuales gran parte de los 11 millones de inmigrantes deciden quedarse aunque no tengan autorización para hacerlo, dijo Muse-Orlinoff, autora del reporte, presentado por la organización Center for American Progress. "Hay muy pocas pruebas, realmente no hay pruebas, de gente que decide regresar a México cuando sus localidades imponen duras leyes migratorias", señaló la experta durante una conferencia telefónica con periodistas. "Hacerles la vida tan difícil que eso les forzará a marcharse es simplemente algo que no está ocurriendo". Mitt Romney, candidato republicano a la nominación presidencial, generó mucho debate recientemente al hablar del concepto de "autodeportación" para referirse a inmigrantes sin papeles que deciden regresar a su país de origen porque no encuentran trabajo en Estados Unidos. Los expertos que presentaron el reporte - llamado "Staying Put but Still in the Shadows" ("Quedándose, pero aún viviendo en las sombras") - calificaron la idea de poco realista. Estados como Georgia, Alabama, Arizona u Oklahoma han aprobado duras leyes migratorias que promueven, entre otras cosas, la colaboración entre la policía local y las autoridades federales a la hora de identificar a inmigrantes sin papeles. En estados como Virginia o Misisipí podría darse una situación similar. La Corte Suprema analizará próximamente la constitucionalidad de la controvertida ley SB1070 de Arizona. El estudio de Muse-Orlinoff analiza sobre todo qué ocurrió con la población inmigrante de la ciudad de Oklahoma después de que duras leyes migratorias fueran impuestas en el 2007 y el 2009. Además de no provocar su marcha, las leyes difundieron el miedo entre la población hispana, que adoptó una actitud de desconfianza hacia la policía y redujo su número de denuncias. "Nunca sabremos el número de personas que decidieron no llamarnos por miedo", dijo el teniente Paco Balderrama, del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma. Balderrama añadió que tuvo que iniciar una campaña de información en español para animar a los hispanos a denunciar crímenes. 

Las conclusiones del estudio sobre Oklahoma se extrapolan a estados fronterizos como Arizona, donde el éxodo de inmigrantes no ha ocurrido debido, en parte, al gran número de familias mixtas. Hay nueve millones de familias en Estados Unidos con al menos un padre o madre sin papeles y un hijo que es ciudadano estadounidense, dijo Muse-Orlinoff. El reporte presentado es parte de un proyecto más grande de estudio de inmigrantes que se trasladan desde Tlacuitapa, en el estado mexicano de Jalisco, a California y Oklahoma. La Universidad de Alabama ha calculado que unas 40.000 personas han abandonado ese estado desde la aprobación de ciertas cláusulas de la ley migratoria HB 56. La legislación obliga a empleadores que hacen negocios con entidades del gobierno a que utilicen el sistema federal E-Verify para comprobar la situación migratoria de nuevos empleados. Lourdes Villanueva, representante de la Redlands Christian Migrant Association de Florida, dijo durante la teleconferencia que ha notado una nueva ola de inmigrantes recién llegados de otros estados. "Sienten que han de ir trasladándose para no ser descubiertos por el sistema", señaló Villanueva. "Es una situación de mucho estrés para estas familias y sus hijos".