“Los actores gubernamentales deben colocarse del lado de la
institucionalidad, proteger los derechos y la justicia laboral y no
colocarse del lado de los intereses de agentes económicos que operan
insensiblemente motivados por su afán de lucro”, dijo ayer el Centro
Bonó.
El Bonó hizo referencia al tema ya que el Departamento de Trabajo
estadounidense abrió una investigación en República Dominicana por las
denuncias del sacerdote Christopher Hartley, quien acusa a productores
de azúcar del país de someter a condiciones de esclavitud a
trabajadores del sector. El planteamiento se produjo en el marco del
Diplomado sobre Derechos Humanos AUSJAL, que imparte el Centro como
parte de su oferta formativa.
Asegura el Centro Bonó que diversas investigaciones han demostrado que
en las plantaciones de caña de azúcar, el trabajo de siembra y corte
de la caña se realiza en condiciones de explotación: las jornadas se
extienden, en ocasiones, por más de 12 horas y se trabaja los 7 días
de la semana.
“Un jornalero no puede cubrir sus necesidades mínimas con un ingreso
inferior a los 129 pesos por día”, expresó. Destacó además, que cada
vez más a éste sector se le hace difícil demandar el respeto de sus
derechos, debido al progresivo debilitamiento o desaparición de los
sindicatos, producto de las estrategias coercitivas por parte de
algunos patronos.
El Centro se refirió en sus declaraciones a la cantidad de ancianos
que dedicaron su juventud y vida a la industria azucarera y ahora
sólo esperan la muerte en los bateyes, la mayoría de los cuales no
cuentan con servicios de salud y agua potable.
Indicó que esta realidad en la que viven cientos de jornaleros
responde a varios factores, como son: la falta de monitoreo imparcial
por parte del Ministerio de Trabajo, ineficacia de los mecanismos de
resolución de conflictos en el contexto de las relaciones laborales en
el batey, serias limitaciones en el acceso a la justicia, resistencia
a la formalización de la relación laboral a través de un contrato
escrito que reduciría la vulnerabilidad del trabajador frente al
patrono.
En vista de esta situación, el Centro Bonó propone a las autoridades
competentes un mayor celo para el cumplimiento cabal de la ley,
igualdad para todos, monitoreo sistemático de la situación por parte
del Ministerio de Trabajo, establecimiento de sanciones prácticas
contra los empleadores abusivos, redoblar esfuerzos para solucionar
definitivamente el tema de las pensiones de los trabajadores
migrantes y mejora sustancial de los salarios en el sector azucarero,
tomando en cuenta que el país ha suscrito importantes acuerdos
comerciales tales como en DR-CAFTA o el Acuerdo EPU -este último que
vincula al país comercialmente con la Unión Europea- que exigen al
Estado y a los actores económicos el cumplimiento de condiciones
laborales dignas para los trabajadores.
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